25 de noviembre, Día Internacional de la No violencia contra las mujeres
El Consorcio de Actoras del Cambio1, junto con otras organizaciones del “Colectivo 25 de Noviembre”, organizaron diversos eventos públicos: teatro, música, discursos, foros y una caravana en el centro de la capital. El Consorcio pidió acompañamiento a Fuerzas de Paz, Guatemala (FPG) para algunos de estos eventos debido a las recientes amenazas que han recibido, tanto a nivel personal como institucional.
Las estadísticas del feminicidio en Guatemala son alarmantes. Aunque todavía menor que en el caso de los hombres, el número y proporción de ataques contra las mujeres se está incrementando. En los últimos cinco años 3,500 mujeres fueron asesinadas en Guatemala; generalmente son mujeres menores de treinta anos, pobres y con frecuencia presentan signos de enmarcarse dentro de la mal-llamada “limpieza social” llevado a cabo por grupos armados clandestinos.
Según Diane Russell, una conocida autora en este ámbito, Guatemala posee una extensa cultura de odio hacia las mujeres debido a que durante la Guerra los militares entrenaron a los hombres para considerar a las mujeres como enemigos, ya que ellas traían al mundo, presuntamente, a potenciales futuros guerrilleros. De acuerdo con algunos testimonios recogidos tras el conflicto, las mujeres eran vistas, por ambas partes, como objetivos a agredir.
Durante tres generaciones no hubo castigo para estos asesinatos. Solo tres de cada 100 casos de asesinato u homicidio por ambos sexos llegaron a juicio. De acuerdo con el Instituto de Estudios Comparados y Ciencias Penales, quedan todavía 97 de 100 sin resolver, archivados, debido a la indiferencia o corrupción de las autoridades judiciales.
Informe de La Unidad y Presión Internacional
La Unidad2 publicó su informe bimensual de Septiembre y Octubre, destacando que hubo un incremento en el número de ataques justo después de las elecciones del 9 de Septiembre, así como durante la primera mitad de Octubre.
En el mes de junio, cuando los ataques fueron especialmente intensos, las organizaciones de derechos humanos llevaron a cabo un acto de solidaridad, consistente en una rueda de prensa, para apoyar a uno de los grupos que había sido atacado. Representantes de organizaciones de derechos humanos, acompañantes internacionales, incluyendo, FPG, y diplomáticos estuvieron presentes. Hubo una importante reducción de los ataques tras este evento. En Octubre, pocos actos públicos tuvieron lugar, pero se compensó con un incremento en las investigaciones por parte de la policía, una acción urgente en relación al asesinato de un líder sindical, y una campaña de prensa sobre la situación general de los defensores por Amnistía Internacional. De nuevo, el número de ataques registrado por la Unidad descendió. La Unidad afirmó que estas actuaciones públicas tuvieron un efecto directo, reduciendo el número de ataques en esos meses.
El informe también destaca que el número de ataques en 2007 fue seguido de una tendencia a la baja y sin duda este final de año el nivel será más bajo que en 2006. En el período de Enero a Octubre en 2007 hubo 178 ataques. En el mismo período en 2006, hubo 247.
Operativos Policiales en Barrios Violentos
La Zona 18 de la capital es conocida por sus violentas pandillas, atracos, venta de drogas, y extorsiones a sus residentes. FPG supo, a través de amigos que viven allí, que la gente vive con miedo y aislada; muchos de ellos han sido obligados a pagar a las maras, si no quieren ser asesinados.
El Ministerio de Gobernación pensó corregir este estado de ilegalidad e inseguridad llevando a cabo operativos para capturar criminales y armas. El 28 de Noviembre la Policía Nacional entró en la Zona 18 con 200 agentes y el apoyo del Ejército. Registraron 50 casas y arrestaron a 10 personas, incluyendo a tres conocidos líderes mareros.
Desafortunadamente, para la parroquia de El Limón, este operativo llega demasiado tarde. En Noviembre los voluntarios de FPG acompañaron a La Unidad para investigar un caso de extorsión contra un empleado de esta parroquia. El hombre recibió una llamada amenazando con matarlo a él y su familia si no pagaba Q50,000 ($6,544). Más tarde el cura de la parroquia, un italiano de 70 años, también recibió una amenaza. Ambas víctimas escogieron abandonar el país.
De todas formas, el esfuerzo hecho por Gobernación contra la impunidad del crimen organizado, merece ser destacado. A diferencia de años anteriores, las incursiones armadas en los barrios son ahora precedidas por investigaciones y avisos, demostrando cierto apego a la ley.
“Secuestros Express”
Sumándose a la extorsión, tráfico de drogas, robos, y tráfico de personas, el crimen organizado y las maras han encontrado un medio rápido de obtener dinero. Los Secuestros Express se incrementaron en los últimos meses, según la Oficina de Secuestros del Ministerio Público. Su portavoz denuncia que este incremento está relacionado con las elecciones, y afirma que son muy comunes al final del año.
Las víctimas son, generalmente, mujeres de familias acomodadas. En ocasiones, son secuestradas cuando salen de centros comerciales o sus coches son bloqueados y son forzadas a salir. Los secuestradores llaman inmediatamente a la familia, a veces con el propio teléfono de la víctima, y en un lapso de seis horas promedio reciben el dinero que han pedido, normalmente alrededor de Q10-20,000 ($1,300-$2,600). La víctima es puesta en libertad en un lugar público.
En 2007 el Ministerio Público recibió 104 denuncias, siete de ellas en los primeros cinco días de Noviembre. La Policía Nacional Civil, que trabaja directamente en los caso se niega a dar cifras, pero dice que están al corriente de tres bandas de secuestradores, incluyendo una que opera desde la cárcel. La mayoría de los secuestros ocurren en la capital.
Adopciones
Adoptar un niño en Guatemala es relativamente fácil y rápido. La transacción puede realizarse en 3- 4 meses. Guatemala es el cuarto país del mundo en número de adopciones. En los últimos 10 años más de 2,500 niños han sido adoptados. Según el Movimiento Social por los Niños y la Juventud (SMCY), no hay forma de conocer (no hay un registro centralizado) que qué pasó con el 90% de estos casos.
Leyes débiles y su escasa aplicación han otorgado un amplio espacio para el secuestro y venta de niños para la adopción. El coste total de adoptar un niño es de $27,000, haciéndolo rentable para el crimen organizado, orfanatos, y abogados.
El cartel de la adopción ha sido uno de las mafias más crueles en Guatemala. Uno de los promotores de salud que los voluntarios de FPG conocieron mientras acompañaban al Consorcio de Actoras del Cambio, puede que se haya interpuesto en su camino. Santiago fue testigo en un caso de secuestro de niños. Comenzó a ser seguido y unos días después fue encontrado muerto.
La prensa ha llamado la atención sobre los casos de bebés y niños robados, y la existencia de redes de adopción. UNICEF ha sido una de las principales fuentes de presión al Gobierno de Guatemala para que apruebe leyes más estrictas sobre adopciones. Muchas organizaciones de derechos humanos como la Fundación de Sobrevivientes, SMCY, y Casa Alianza, han hecho protestas públicas y presionado a los legisladores para hacer cambios.
Finalmente, parece que las cosas están cambiando. En 2006, 4,918 niños fueron adoptados. En 2007 sólo 2,845 adopciones fueron aprobadas, 95% por familias de los EE.UU.; 1,320 casos fueron devueltos a los abogados por no cumplir con los requisitos exigidos.
Después de una década de intentos de reformar el sistema, una nueva ley fue aprobada el 11 de Diciembre, la cual requerirá que el Estado sea el garante de todas las adopciones. Presentes en la votación se encontraban embajadores de varios países, el cónsul de los EE.UU., así como representantes de la sociedad civil. Esto adecua el proceso a la Convención de Ginebra y requiere que el recién nacido permanezca con sus padres biológicos durante las seis semanas posteriores a su nacimiento. El Congreso fue fuertemente presionado por los abogados quienes no tendrían un papel en el nuevo proceso, exceptuando aquellos que trabajarían para el nuevo Consejo Nacional de Adopciones.
Si se aplicara, la nueva ley reduciría los incentivos para el crimen organizado y traficantes de personas, aunque dependerá de la capacidad que tengan de infiltrar la agencia gubernamental responsable.
Trabajo del Equipo:
Santa Lucia: En Octubre FPG informó del juicio que se estaba llevando a cabo en el Municipio de Santa Lucia Cotzamalguapa. Miembros del consejo comunitario de desarrollo (COCODE) local habían intentado aplicar el límite horario para la venta de alcohol, pero se vieron envueltos en un tiroteo entre la policía y los propietarios de la tienda. El propietario fue asesinado y su hijo resultó herido. Los Juárez, la familia propietaria, acusaron a la policía y a los COCODES de dicho crimen. Durante el largo proceso de la investigación previa al juicio, los acusados fueron amenazados por los Juárez, vinculados con el narcotráfico; dos de los acusados y dos testigos fueron asesinados.
La Unidad ha seguido el caso acompañando a los acusados durante el juicio. FPG acompañó a la Unidad en 11 ocasiones, hasta que el juicio fue suspendido temporalmente en Noviembre.
El 8 de Diciembre, otro miembro del consejo de desarrollo fue asesinado. Felipe Álvarez, muy apreciado por los voluntarios de FP por su amabilidad y humildad. El conocía lo peligroso de su situación, pero tenía pocas opciones y escogió quedarse en su comunidad.
FPN mandó una alerta en cuanto a este caso pidiendo que la autoridades del gobierno lleven a cabo una investigación inmediata y imparcial del asesinato de Felipe Alvarez y que tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger los otros dos miembros del COCODE de ese lugar. Se puede ver la alerta en la página web www.nonviolentpeaceforce.org.
Consorcio—Conferencia Anual de las Mujeres: Dos voluntarios de FP acompañaron al Consorcio en un taller de tres días con mujeres sobrevivientes del conflicto. Esto implicó dos días más de viaje, uno de ida y otro de vuelta desde Huehuetenango. El Consorcio había recibido numerosas amenaza y también recibió una llamada durante este evento, en la cual una persona les avisaba que tuvieran cuidado en su viaje de regreso. Por este motivo FPG acompañó a un grupo de mujeres un día más hasta que regresaron a sus casas.
FPG también acompañó a las coordinadoras en su reunión anual de evaluación. Durante esta reunión observaron a un hombre hablando por su celular y mirando hacia el edificio, posteriormente comenzó a pasear arriba y abajo de la cuadra. Esto junto a las otras amenazas provocó serias preocupaciones acerca de su seguridad. FPG acompañó a una de las coordinadoras al Ministerio Público para poner una denuncia.
Semillero: En esta pequeña ciudad costera, los trabajadores de la bananera no tenían seguridad social, su salario estaba por debajo del mínimo y eran despedidos a los 50 días para evitar el pago de compensaciones sociales. En Julio los empleados de la plantación Olga Maria empezaron a formar un sindicato. Cuando lo registraron legalmente en Noviembre, el líder comenzó a recibir amenazas, incluso hombres armados de las fuerzas de seguridad de la plantación entraron en su casa. Un hombre dijo al presidente del sindicato que él y su familia podrían acabar muertos en un barranco igual que en los años del conflicto, si no tenía cuidado.
Un miembro de la dirigencia desapareció. Dado el nivel de intimidación se temía que no apareciera con vida. FPG acompañó a la Unidad al Semillero en dos ocasiones para investigar el caso. Últimamente han sabido que el líder sindical aceptó un pago de los dueños de la plantación y se fue a otra región del país. Los otros líderes denunciaron los incidentes de intimidación y amenazas ante el Ministerio Público.
Cahabón: El Gobierno de Guatemala está obligado, por ley, a pagar reparaciones a las personas afectadas por el conflicto armado. Pero, para recibir estos pagos, la gente necesita rellenar unos formularios con los COCODES (Consejo de desarrollo) de su región. Un grupo de desplazados internos que abandonaron la región durante la Guerra para reubicarse en Petén, retornaron a su lugar de origen para cumplir con estos requisitos y localizar a los restantes miembros de la familia. Fueron amenazados y avisados de que no volvieran nunca a la ciudad.
FPG acompañó al voluntario español de la Unidad a investigar este caso. La gente de la comunidad original les comentó que temían que los desplazados quisieran reclamar sus tierras. Además, algunos de los actuales residentes habían participado en las Patrullas Civiles durante la guerra y puede que temieran que el grupo visitante quisiera reclamar justicia. Tras hablar con la Unidad, el líder del COCODE estuvo de acuerdo en permitir que los desplazados volvieran para cumplir con los requisitos necesarios. Parece que la presencia de dos extranjeros en esta comunidad aislada, tuvo un efecto conciliatorio.
Los desplazados tienen ahora la opción de presentar su denuncia ante la Oficina del Procurador local y de recibir acompañamiento policial si quieren para su retorno.
Grupo de mujeres Ixqil y Comadronas de Las Cruces: La Unidad realizó talleres de desarrollo organizacional y medidas de seguridad con estos grupos. FPG las acompañó en dos viajes al Petén, en el norte de Guatemala. Las Ixqil reciben frecuentes amenazas por su trabajo de defensa de las mujeres.
Escrito por Betsy Crites
- The Consortium provides accompaniment to women who have suffered sexual abuse, particularly women who were affected by the conflict. This is done through psycho-social support and through the promotion of local women’s organizations, support groups, and seminars. They offer legal advice or contacts for women seeking justice for abuses, for reparations, and recuperation of the historical memory. Finally, they sponsor a radio program and do theatre presentations in an effort to sensitize the larger society and combat stigmatization of women who have been raped.
- La Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, the main group accompanied by NPG, provides an independent source of information on current violations against human rights workers. Without this, the community of human rights defenders, both national and international, would have to depend on the government for information on these violations and it would have no reliable cumulative record of the state of human rights defense in the country.
In addition, La Unidad takes advantage of whatever measures are available to support and protect the individuals and groups that have been attacked. This could involve help with analyzing the source of the attacks, the possible motives and the implications for their security. They also make recommendations on security measures and on how to present their case to government agencies. La Unidad staff will sometimes accompany victims for a period of time or for specific events or appointments and it will visit the government offices to try to keep up pressure on a case.